Por Leonardo Samar

Esta es la primera entrega de un articulo tripartito.

El papel y la actuación de los Estados es otra de las cuestiones que la presente crisis social y sanitaria ha relevado y puesto en el centro de la discusión frente a la liberalidad del mercado –en la que el servicio de salud constituye un privilegio–, pero también frente a la libertad de movilidad del individuo en momentos en que los gobiernos imponen varias restricciones a diferentes actividades de la sociedad civil. Primero hay que decir que estas discusiones o polémicas en el ámbito de la opinión pública y de algunas disciplinas se ven atravesadas por valorizaciones ideológicas, idiosincrásicas e interpretaciones políticas o teóricas diferentes.

A riesgo de ser insistentes, podemos retomar una vez más el punto que está en el centro de la reflexión política de Agamben en aquellos artículos que publicó a propósito de la epidemia, considerada en términos de ‘una razón de Estado’. Creo que el reduccionismo de la cuestión en que el autor incurre nos impide reflexionar seriamente acerca de un acontecimiento y una crisis que contiene distintas capas de sentido y que sacude a la humanidad en todo aquello a lo que se había acostumbrado como natural, desde lo micro a lo macro. Aún así, no por ello hay que desestimar lo valedero del planteo del filósofo italiano del colocar en el centro de una reflexión filosófica el rol de los Estados. Empezaré por tratar ese punto.

El autor sostiene que el ≪estado de excepción≫ se ha convertido en el paradigma normal de gobierno al que los Estados nos están acostumbrando y que utilizan toda suerte de excusas para imponerlo. ¿Es esto verdadero e igualmente criticable en su concepto en cualquier contexto? Siguiendo a Omar Acha, consideramos que, independientemente del signo ideológico de un gobierno, es necesario que las decisiones estatales sean objeto de reflexión, y “no es viable delegar en la razón política la reflexión sobre su validez”. Ello no implica, precisamente, impugnar todas las decisiones estatales ni tampoco asentir a ellas sin un juicio razonado [1].

Objetivamente, podría decirse, está fuera de duda que muchos gobiernos utilizan pretextos y acuden al estado de excepción para controlar y someter a la población, sobre todo, cuando al intento de imponer ciertas medidas sigue el descontento social en las calles, y entonces buscan implementar a toda costa políticas de ajuste. Fuimos testigos de ello con el gobierno de Macron en Francia y la brutal represión a lxs “chalecos amarillos” (a trabajadorxs y jóvenes en general) en 2018, y también con el gobierno de Piñera en 2019 ante la rebelión del pueblo chileno, que a ojos del gobierno era una suerte de “invasión alienígena”. Pero esas coyunturas son muy diferentes a la situación que llevó a Italia y a otros países a que sus gobiernos impusieran medidas de confinamiento o bien el cierre temporal de escuelas y otros establecimientos, una vez que los contagios ya se estaban expandiendo rápidamente por el continente europeo. Ahora, ¿es correcto afirmar por ello que el estado de excepción, en cualquier circunstancia, constituye por sí una medida política arbitraria e irracional? Si consideramos entre sus efectos el despliegue de las fuerzas represivas del Estado,lascuales a menudo éste no sabe ni es capaz de controlar, ciertamente  no es la medida más deseable. Ello no quiere decir, empero, que el ‘estado de excepción’ o de emergencia entrañen objetivamente un fenómeno político idéntico en relación con el Estado en la determinación de todos los gobiernos y del tenor de las consecuencias de tales medidas. En este sentido, la crítica puntual, apoyada en tal o cual caso particular, al estado de excepción y a las restricciones impuestas como medidas de emergencia por parte del Estado tal vez no sea el camino más adecuado para identificar los modos autoritarios en que el Estado opera en perjuicio de las libertades humanas o individuales.

La razones por las cuales un gobierno decreta el estado de excepción, el toque de queda o el estado de emergencia pueden ser diferentes en virtud de los efectos previstos y de la emergencia social que hace atinentes ciertas prerrogativas del poder ejecutivo en ciertas circunstancias. Y dichos efectos no tienen  porqué tener la misma significación y realidad para los sujetos que para los gobiernos que intentan manejar una situación en términos de motivaciones políticas y económicas. El punto es que ciertas prerrogativas, aunque no exentas de peligrosidad, habilitan al Estado en circunstancias que demandan una actuación fuerte y rápida (como son las restricciones a la movilidad y la suspensión de actividades) que no puede demorarse sin consecuencias a amplio alcance. Esta cuestión excede los marcos jurídicos usuales que otorgan libertades públicas y formales a los ciudadanos en un Estado de derecho. Lo que se espera, en el contexto de una epidemia, es que el Estado tome cartas en lo que toca a la cuestión sanitaria y de la subsistencia cuando las actividades laborales se ven suspendidas y deprimidas, sobre todo en lo que concierne a los sectores más debilitados. La movilización de las fuerzas militares, paramilitares y de seguridad es algo que está implicado permanentemente en el accionar estatal pero que merece una reflexión aparte, por el hecho de que los Estados no pueden controlar generalmente los atropellos y extremos que cometen tales fuerzas. Si tomamos el caso de Chile, por ejemplo, el “estado de emergencia y catástrofe nacional” decretado por el gobierno de Piñera no constituyó una medida sustancialmente diferente de la política sistemáticamente autoritaria y represiva que venía llevando a cabo, y hoy ya sabemos que el manejo mismo de la crisis social y sanitaria por parte del gobierno neoliberal ha resultado tan catastrófico como el coronavirus. La excusa le sirvió para “ocuparse” de la salud de la población, si bien hizo más visible las falencias del sistema sanitario en una sociedad en que la salud física y mental tiene altos costes.

Sin embargo, más allá de tal o cual gobierno, el estado de excepción o, en todo caso, el ≪estado de emergencia≫ puede ser una medida atendible que permita restringir el curso de la movilidad ciudadana y de ciertas actividades económicas para evitar efectos desastrosos. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil con Bolsonaro, la ausencia de medidas para restringir la circulación humana e incluso la resistencia a hacer una campaña de conscientización, revelando una despreocupación total por la salud pública, ha tenido efectos lamentables. No sería insensato, en ese caso, exigir a un gobierno así que imponga medidas de confinamiento en conjunto con otras políticas de cuidado. La forma en que se implementa “ese” ≪estado de emergencia≫ es lo que, en todo caso, merece ser examinado y pensado en cada ocasión, pues la eficiencia de la maquinaria estatal es muy relativa, y es evidente que ningún gobierno estaba preparado para enfrentar algo desconocido como el coronavirus. Lo que me interesa remarcar es que, ante dicha problemática, asistimos en realidad, una y otra vez, a la tensa y compleja relación entre el Estado y la sociedad en diversos momentos de crisis social, económica o sanitaria, tensión que no puede resolverse definitivamente apelando al accionar de los Estados-nación ni tampoco recurriendo a la solidaridad y responsabilidad social, por más fundamental que sea ésta.

Esto revela, a su vez, que en modo alguno resulta sencillo ‘identificar’ absolutamente el lugar lógico de la libertad de los sujetos o circunscribir las libertades individuales y políticas en una esfera determinada con total suficiencia, como para afirmar que la ≪libertad≫ de los sujetos depende de cierto núcleo de realidad, ya sea política, económica o simplemente una cuestión de voluntad. Los distintos significados, vale decir, restringidos de libertad, se disputan en las múltiples tensiones que tienen lugar entre la sociedad y el Estado y al interior de la sociedad misma. El problema es que, en una situación como ésta en la que está en juego la subsistencia y la salud de la población, la libertad individual, tomado en un sentido meramente abstracto pero inescindible del interés personal, puede actuar cercenando otras libertades y poniendo en peligro algo tan básico como la salud.

No es de mi interés dar en este [s1] artículo una definición del Estado o la libertad, pero me parece razonable resaltar que la soberanía del Estado juega un rol distintivo y particularmente necesario en tiempos de emergencia que implican una situación excepcional. Hegel, en sus Principios de la Filosofía del Derecho, distingue, en relación con la idealidad de la soberanía, entre situación de paz y situación de emergencia. En la situación de paz, las esferas de la sociedad civil y los asuntos particulares fluyen libremente en el camino de la satisfacción de sus fines particulares. En cambio, en situaciones de emergencia, ya sean exteriores o interiores, la salvación del Estado –que para él comprende un pueblo en su totalidad– queda confiada a la soberanía del mismo en su concepto simple como núcleo determinante, “con el sacrificio de lo que en otros momentos estaría justificado”*. Por supuesto, Hegel pensaba en términos de una monarquía constitucional muy singular, y en su sistema la unicidad de la soberanía coincide con la unidad personal de un príncipe. Aunque nuestro tiempo sea muy diferente y la sobernía sea entendida de modo muy diferente a como la concebía el filósofo alemán, considero que es una distinción muy atinada para las actuales circunstancias, y que nos permite distinguir entre un ≪estado de excepción≫, de tipo autoritario, y un ≪estado de emergencia≫ que adquiere una revelancia política singular. En tiempos de emergencia en quelas libertades civiles y económicas ponen indudablemente en riesgo el bienestar de millones de individuos, es justo y necesario que las diversas esferas gubernamentales y varios ámbitos –si no todos– de la ‘sociedad civil’, se subordinen a la soberanía del Estado y a una dirección política capaz de nuclear el resto de las decisiones. Esa dirección política no tiene porqué ser estrictamente personal o centralizada, pero sin una coordinación mínimamente inteligente de las distintas esferas de gobierno y el sector privado, subordinándolas al aparato estatal, el Estado-nación como unidad política corre el riesgo de desequilibrarse para sucumbir a un estado caótico de la población en cuanto a riesgos sanitarios o catástrofes naturales de las que hemos sido testigos. Los ejemplos más palpables de esa situación son Estados Unidos y Brasil, donde el número de contagiados ha superado el millón. ¿Quién podría creer, por otra parte, que mandatarios como Trump y Bolsonaro serían capaces de dirigir y unificar el potencial de esos Estados al servicio de la salud de la población? El punto es que, al margen de la teoría, quien dice en el habla cotidiano o en el discurso corriente ≪Estado≫ –al menos dentro de nuestra tradición occidental–, se refiere implícitamente a ‘gobierno democrático’, en cuanto receptor legítimo de demandas, y en un sentido muy indeterminado pero igualmente actual. Cuando se habla del ‘Estado’ en el lengaje político más corriente, vale decir, más precisamente cuando se trata es de expresar un reclamo y se dice a menudo que “El Estado se tiene que hacer cargo”, el referente en concreto, de manera indeterminada, coincide por supuesto con gobiernos democráticos considerados como receptores de toda clase de demandas y reclamos, pero que comprenden, a su vez, sociedades muy desiguales y heterógeneas.

A partir de la situación generada a nivel global por la pandemia, en que se vuelve necesaria la asistencia a miles de personas, el papel del Estado en sí ha sido revalorizado, pese a que ningún Estado había previsto una pandemia de tal naturaleza y magnitud y el colapso de los sistemas sanitarios o la falta de insumos y recursos humanos. Eso resulta un tanto paradójico cuando se habla del Estado esperando que éste se adecúe a un estado social de problemáticas que permanece en gran medida invisible para el Estado. Cabe suponer igualmente que se ha formado también, o eso se espera, una consciencia pública de que la salud no puede quedar en manos del mercado.El duro golpe que está recibiendo el neoliberalismo y sus defensores también da motivos para revindicar a los Estados como actores fundamentales en materia de derechos y mayor igualdad. A este respecto, creo que la problemática de la salud tiene tal importancia que merece una consideración aparte de lo que quepa esperar de los Estados. Así, últimamente, en algunos medios de comunicación y en redes sociales, se ha hecho con cierta vaguedad una apología lisa y llana de la noción de ≪Estado presente≫, se habla incluso de “Estado fuerte”. Ésta me parece una valorización propia de cierta cultura política progresista que pone el énfasis en Estados presuntamente “presentes” frente a gobiernos ultraconservadores que dan vía libre al sector privado y permiten la reconcentración de la riqueza. Más allá de tal o cual posición ideológica, considero que esta postura tiene su verdad hasta cierto punto, ya que sitúa de manera indeterminada al Estado y a los liderazgos teóricamente fuertes como el punto focal decisivo en la resolución de los problemas que entraña la pandemia y la crisis económica que arrastra. Se sostiene a menudo esto sin hacer una distinción entre el momento excepcional que se vive bajo la pandemia y el a posteriori de la misma, cuando el mundo retorne paulatinamente a una “normalidad” aún desconocida y las bases productivas sigan intactas, pero no la vida íntegra de quienes las sostienen.

La noción de Estado ‘fuerte’ implica indudablemente la de un Estado con fuerte presencia, pero de ello no se deriva que el ejemplo de cualquier ‘Estado fuerte’ devenga en un modelo de organización social más justa o equitativa que permita a los individuos sentirse protegidos y fortalecer sus sistemas de salud. Un “Estado fuerte” es, en gran medida, aquél que es capaz de actuar a través de grandes distancias y de utilizar eficazmente toda su máquina burocrática y su fuerza coercitiva sobre la sociedad. Podríamos afirmar incluso que, a partir de las tecnologías de información y la digitalización, un Estado fuerte es aquel capaz de monitorear sistemáticamente a la sociedad y de tener registro e incidir de manera directa sobre sus múltiples movimientos. Éste es el caso de China, que gracias a sus sistemas de control digital y de vigilancia fue capaz de contener y reducir los contagios en la ciudad de Wuhan donde comenzó la epidemia, desplegando operativos que otros Estados occidentales difícilmente sean capaces de llevar a cabo. El monitoreo y la vigilancia de la vida cotidiana por parte del Estado chino hicieron posible los resultados que consiguieron. Si bien esto puede parecer un capricho terminológico, las expresiones usadas en la opinión pública y en las enunciaciones diarias condicionan el modo de entender y conceptualizar las limitaciones y los alcances de proyecciones posibles y alternativas.

Los liderazgos personales son por cierto decisivos en más de una ocasión y son muy convenientes en momentos de emergencia, pero el problema es que la presencia de un líder o lideresa, en cuya voluntad confluyan todas las decisiones de gobierno, de imagen fuerte y con amplio consenso social, es un hecho esencialmente contingente en la temporalidad política de una sociedad. Además de ser imprevisibles, los liderazgos están sujetos a un ritmo de construcción social y política que no es fácil de determinar según las circunstancias sociales o el clima de lucha social. Un liderazgo de extrema derecha –como es el caso de Bolsonaro– tiene efectos similares o iguales a la ausencia de un líder eficaz y progresivo en nuestras democracias, donde no hay límites institucionales claros al poder ejecutivo. Los liderazgos populares siempre se destacan en los lugares más golpeados, pero la esperanza en liderazgos (oficiales) fuertes, en este sentido, es una convicción inocua cuando se trata de circunstancias muy acuciantes, dado que no sólo no garantizan un curso óptimo de decisiones adecuadas y radicalmente positivas, sino que tampoco pueden contener a los distintos sectores de una población.

Las múltiples medidas tomadas por la pandemia en todo el mundo por los Estados (los confinamientos y cuarentenas estrictas, el cierre de fronteras, las recomendaciones oficiales, etc.) han demostrado efectos no idénticos en los distintos países en cuanto a la disminución de contagios y muertes, e igualmente reacciones distintas en la población y las regiones. Tales medidas no obedecen a una idéntica voluntad de los Estados, y las consecuencias son relativas también a la cultura y la mentalidad de las sociedades en que se implementaron.

Puesto que la mundialización de la economía se ha expandido a cada vez más actividades al interior de la unidad de los Estados-nacionales, el desfasaje en el tratamiento de la pandemia por parte de los Estados ha sido evidente, pero todos se han visto empujados a socorrer a la sociedad en general. Como bien lo señala Alain Badiou, “los estados nacionales tratan de enfrentar la situación epidémica respetando al máximo los mecanismos del Capital, aunque la naturaleza del riesgo los obliga a modificar el estilo y los actos de poder”, y éste es un tipo de reflejo de Estado inevitable[4]. La protección de los mecanismos del capital, por tanto, es solidaria –indirectamente y por la correlación de fuerzas– con la preservación de un orden social y político, lo cual excede las responsabilidades políticas personales. En las crisis financieras y económicas de largo alcance es cuando los Estados salen a impulsar fuertes políticas proteccionistas y de rescate financiero.

El panorama global reveló que los sistemas sanitarios no eran antes una prioridad para muchos gobiernos. La administración de los sistemas de salud por parte de la mayoría de los gobiernos ha puesto de relieve la poca preocupación que existía en cuanto a la salud pública y la falta de cooperación entre ellos. Casi todos los gobiernos subestimaron la peligrosidad de la pandemia e hicieron oídos sordos a las recomendaciones y advertencias de la OMS años atrás. Dado que el manejo de la salud, por un lado, está sometido a los requisitos y ganancias de las empresas, y, por el otro, el sostenimiento económico y técnico de los sistemas de salud está relegado a las autoridades estatales, en concreto, a unas decisiones políticamente contingentes y concentradas, la población –sobre todo las personas en situación de riesgo y las de bajos recursos– y, en primera línea, lxs trabajadores esenciales y de la salud, han tenido que enfrentar una situación de fragilidad y de falta de mantenimiento que ha desbordado a los gobiernos en el intento por contener la propagación del virus.

En el escenario internacional, la lucha contra el coronavirus se expresó en una pugna entre las diferentes autoridades y la falta de cooperación entre los gobiernos, como en el caso de la UE que no fue capaz de diseñar una estrategia de acción común. De este modo, los Estados han enfrentado por su cuenta la pandemia. En Estados Unidos los gobernadores desafiaron la autoridad del gobierno federal y los distintos estados actuaron como unidades individuales disputándose la obtención de mascarillas e insumos y otros priorizando la actividad económica. En Europa, Alemania negó la hospitalización a varios socios, y los medicamentos e insumos como las mascarillas se convirtieron en el botín con el que buscaron hacerse para sí los distintos gobiernos sin rastro de colaboración y omitiendo las reglas aduaneras. Cuba, que en el área de la medicina se destaca como pocos países, fue una excepción en este escenario pirata al enviar misiones de médicos cubanos y cubanas a algunos de los países más golpeados por la pandemia.

El caso de Argentina, en este punto, ha sido positivo en comparación con el de otros países, puesto que el gobierno actuó desde el principio no por iniciativas exclusivamente propias sino bajo la estricta guía de un comité de médicos y especialistas que orientaron las decisiones tomadas en base a indicadores. Ha sido significativo también el esfuerzo conjunto de los dirigentes de gobierno y la coordinación en la actuación promovida y conducida por el gobierno nacional. Sin embargo, y si dejamos a un lado el “cansancio social”, para lxs trabajadores de la salud persisten una serie de dificultades y carencias a las que el gobierno nacional y los gobiernos provincial y de la ciudad de Buenos Aires no han dado una respuesta sistemática. Pero apresurarse a juzgar todo este cuadro general en términos de una mera “voluntariedad” institucional más ausente o más presente como propia de tal o cual gobierno, determinada por el signo ideológico, por contraste con alternativas más radicales o transformadoras, puede ser una respuesta bastante ingenua que relega todo a liderazgos inverosímiles y a gestiones políticas posible y diferentes.

Lo problemático, y hasta ideológicamente exacerbado, de esta convicción en cierta revalorización del Estado –aunque necesaria y cierta hasta cierto punto– es la de impedirnos destacar y examinar sistémicamente sus límites en la relación con lo social y en intersección con otros factores, así como imaginar, vislumbrar nuevas modalidades para una organización diferente en el trayecto de la política estatal a la población humana. Al hablar de ≪Estado≫ no me refiero aquí solamente al Estado-nación sino también a los estados provinciales y municipales. A este respecto, en un panorama global que exhibe actuaciones estatales muy distintas y hasta desprovistas de un plan conscientemente elaborado, puede resultar muy tentador querer señalar e identificar “modelos”, por lo menos en el tratamiento de la crisis sanitaria. Así se ha expresado el filósofo surcoreano Byung Chul Han, quien afirmó que los países de Oriente han sabido manejar mejor la crisis y “Europa está fracasando”. Si bien el filósofo advierte sobre los métodos de control de los Estados asiáticos a partir de los big data y la digitalización de todos los datos personales, considerándolos peligrosos e inviables para Occidente, afirma que mientras los gobiernos europeos han tomado ridículas medidas como cerrar fronteras o decretar el estado de alarma, los Estados asiáticos no han tenido que recurrir a esas medidas y han demostrado manejar exitosamente la epidemia en sus territorios [6].  

Sin embargo, el curso de los acontecimientos en poco tiempo bastó para demostrar que los “modelos” en cuanto al dominio de la pandemia son inexistentes, y que el coronavirus es tan impredecible como lo fue su expansión. A ciencia cierta, no hay todavía expertos en el tema. Singapur, que había sido reconocida por su “ejemplar” lucha contra el coronavirus, experimentó un nuevo rebrote que puso en alarma a las autoridades y tuvo que dar marcha atrás con las medidas de apertura. Los casos no sólo se duplicaron, sino que los rebrotes afectaron directamente a aquellos que más marginados están en la ciudad-Estado: lxs trabajadores migrantes. Millones de estxs trabajadorxs, procedentes de distintos países asiáticos y que constituyen el verdadero sostén de los lujos y del status que exhibe la isla, viven en condiciones insalubres, de hacinamiento y precarizados. Las medidas de contención de la epidemia, fueron selectivas, mientras que el virus no lo es y se expande más rápidamente cuando las condiciones habitacionales y sanitarias son deficientes.

Los rebrotes del covid han sido igualmente inesperados en otros países donde la situación se estimaba controlada. En Corea del Sur, luego de las medidas de relajamiento, hubo un rebrote en el mes de junio que obligó a las autoridades a endurecer el esquema que habían aplicado. En China, luego de haber controlado la epidemia en la ciudad de Wuhan, se produjo un rebrote en la capital. Los cierres de fronteras no fueron una exclusividad occidental y se implementaron igualmente en Japón (el veto migratorio a múltiples países) y en Singapur. Los únicos países asiáticos, por lo que se sabe hasta el momento, que se destacaron en contener la propagación del virus y reducir el número de contagios han sido Japón, Taiwán y Vietnam. El caso de Japón es sin duda el más llamativo por no haber ejecutado un aislamiento obligatorio y presentar de todos modos un índice de letalidad muy bajo comparativamente con el resto de los países y un número total de contagiados relativamente bajo también. En el caso de Vietnam, fue el primero de los Estados del continente asiático que, dada su vecindad con China, ejecutó tempranamente una rígida cuarentena, suspendió las escuelas y las actividades comerciales y puso en marcha un plan para localizar a los contactos estrechos de las personas contagiadas. Aunque no hay país actualmente que no haya experimentado un rebrote de covid 19 en sus ciudades, difícilmente el “éxito” relativo de Japón y Vietnam se deba solamente a la actuación de sus gobiernos, cuyos Estados constituyen una amalgama de tradiciones orientales y modelos modernos muy centralizados y más o menos autoritarios.

Me aventuro, por lo tanto, a afirmar que lo que ha demostrado esta crisis, en lo que respecta a su dimensión política global, son los límites de la previsión y resolución sistemática de cuestiones sociales de gran alcance por parte de los Estados en el marco de nuestras sociedades democráticas capitalistas. Parece que cuando una crisis se agrava y emerge un problema de tales dimensiones, la capacidad de respuesta de nuestros Estados y de nuestras democracias es estructuralmente insuficiente, y nuestros sistemas sociales y económicos se desploman conllevando la desorganización de nuestras vidas cotidianas. Los Estados en todo el mundo, tal como están configurados, por los sistemas políticos que los revisten y por democracias más que relativas, no pueden controlar y dimensionar adecuadamente todas las deficiencias de las esferas que gobiernan, así como las arbitrariedades y atropellos que se cometen en la economía, los abusos de las fuerzas de seguridad y las conductas de individuos que actúan movidas por ciertas costumbres o iniciativas que competen a ciertas nociones de libertad. Los gobiernos democráticos tal como los conocemos, en el seno del Estado, no parecen capaces de reconocer y medir la gravedad y el alcance de las problemáticas que persisten en el aparato estatal, en los sistemas de salud o en aquellos ámbitos donde la actividad humana y productiva amenaza el equilibrio natural. Frente a esa contradicción, muchos sectores políticos y sociales sostienen que pueden influir sensiblemente a los gobiernos para actuar en favor de demandas populares. Yo no estoy tan seguro de la viabilidad de esto.

Más allá de las vicisitudes que ha producido la pandemia, lo que se puede vislumbrar es una significativa asimetría entre la institucionalidad estatal, tal como está constituida mayormente a partir de democracias delegativas-representativas, y la heterogeneidad de nuestras sociedades en la que subsisten múltiples sectores (las mujeres y colectivos LGTBQ, las comunidades migrantes, las distintas comunidades marginadas y laboralmente racializadas, las comunidades originarias etc.), cuyas peculiaridades permanecen invisibilizadas y carecen de representación en cuanto a sus realidades. Hay una contradicción entre el poder racionalmente uniforme del Estado y las fuerzas que administra y pretende gobernar en su territorio. En el caso de los y las trabajadoras esenciales y de la salud, se reconoce públicamente que ellos y ellas integran el sistema de salud pública, pero sus peculiaridades y necesidades no son visibles para ese mismo aparato. En conjunción, persiste una desproporción entre la actuación de los Estados, sus políticas públicas y el alcance de las situaciones problemáticas de las que, suponemos, tienen que ocuparse. Las distintas demandas en varias áreas desbordan prácticamente a los Estados y sus dependencias, y a veces permanecen invisibles para las autoridades responsables. El desfasaje también existe entre la urgencia de ciertas demandas y la temporalidad lenta de postergaciones y contramarchas a la que nuestras democracias nos tienen mal acostumbrados. Las situaciones relativas a los sistemas carcelarios, las situaciones de violencia de género, la exclusión de las comunidades migrantes, los problemas de acceso a la vivienda, la contaminación ambiental y los excesos de las fuerzas de seguridad, dan cuenta de que nuestro(s) Estado(s) revelan fuertes fisuras con respecto a sus ámbitos de influencia y poder en nuestras sociedades capitalistas democráticas. Esas fisuras, determinantes para dar respuesta a los efectos del capitalismo y de las relaciones de poder que una clase y las élites ejercen en su dominio, no tienen que ver directamente con una voluntad política de cierto signo ideológico, tienen que ver con la constitución de un Estado democráticamente estrecho y operativamente lábil respecto a la dinámica de las estructuras de poder, lo cual se conjuga con el alcance de decisiones sobre una economía condicionada por entidades ingobernables y un sistema político democrático tal como se nos presentan. No pretendo ser definitivo en este punto al señalar estas razones.

Las sociedades, por su parte, actúan movidas por distintas costumbres e iniciativas de modo que chocan con una pretensión de universalidad esperada por los mismos individuos en cuanto al desenlace de una cuestión como la presente. Las sociedades se enfrentan, por tanto, a un examen de sí mismas en toda su complejidad ante crisis de tales magnitudes. Ante esto, podemos plantear algunas preguntas, ¿quién o quiénes, más allá de lo operativo, deciden las prioridades tanto en momentos de emergencia como de “normalidad”? ¿Quién establece y supervisa el curso de las decisiones tomadas? ¿Cómo garantizar la universalidad de las decisiones tomadas desde arriba?

A partir de estas ideas, una de las cuestiones problemáticas tal vez descansa en el reclamo o la exigencia de que el Estado ‘se haga cargo’, cuando se presupone, en términos operativos, un trayecto lineal que va desde el Estado centralizado hacia la sociedad, y no en un sentido distinto. Ese trayecto está inevitablemente atravesado, no sólo por la disputa política, sino además por el hecho de que el aparato estatal que tiene que dar respuesta, está concentrado en el poder político democráticamente erigido y atravesado por la dominación de clase. En ese sentido, el trayecto de decisiones, sin mucha previsión a veces, está determinado sin que puedan intervenir y expresar su inquietud los sujetos afectados en cada ámbito. Al ser ese trayecto el que, implícitamente, se presupone en los reclamos y en la demanda de su actuación, no se cuestionan los límites de ese trayecto en lo que respecta a nuestras democracias y las decisiones que involucran a toda la población en cuestiones esenciales.

Así, cuando tienen lugar hechos de represión o ciertos grupos acometen a desestabilizar los cimientos de una cultura democrática mínima, la respuesta que el Estado mismo da –a través de sus fuerzas represivas o de la administración de justicia– se presenta lógicamente a sí misma dentro del marco de la “institucionalidad democrática”, de una vía institucional inalterable y fija perfectamente concordante para ser receptora de las presiones de los grupos capitalistas e incapaz para vehiculizar por medio de las reglas democráticas muchas de las demandas que se le exigen. Por supuesto que en estas coordenadas la voluntad de un gobierno es decisiva, pero todo gobierno cuenta con un minimum de fuerza para actuar cuando el soporte socioeconómico que tiene no es favorable a sus aspiraciones.

Sin embargo, resulta ser a la vez la ‘institucionalidad democrática’ misma, en sus difusos límites y cerramientos, la que habilita también en el espacio lógico de sus posibilidades toda una serie de decisiones, privilegios y pujas de poder estrechas a las que los gobiernos ceden; esa institucionalidad hace posible también que siga habiendo desaparecidos, que se pongan trabas a la soberanía alimentaria, al bienestar ecológico, que el endeudamiento se haga a costa de las mayorías, que las igualdades de género tengan un lugar subalterno, etc., manteniendo una normalidad de desequilibrios y logros parciales. Apelar a las reglas democráticas y la institucionalidad, por otro lado, no sirve en la práctica para confrontar y dialogar con todos esos grupos –entre los que se incluyen jóvenes– que salen a manifestarse tan afirmados en sus actos y creencias.

La pandemia, por tanto, lo que visibiliza problemáticamente desde distintos lugares como algo que nos debemos reflexionar es la concepción misma de nuestras sociedades, de nuestros Estados-nacionales modernos bajo democracias representativas-delegativas y su vínculo con una sociedad capitalista fragmentada donde las diferentes desigualdades corren a la par de múltiples desastres y la impotencia de nuestros sistemas para dar respuesta. Por supuesto, ninguna iniciativa individual y solidaria, ningún deseo desinteresado pueden sustituir al Estado en atender a problemas estructurales y en la regulación de la economía. Pero si de regular se trata, ¿quién establece los límites en la regulación de la economía y la supervisión política de otros ámbitos para evitar un mal mayor a futuro y no sólo en la inmediatez?

Es muy poco probable que la pandemia haga desaparecer al capitalismo, pero podemos indagar, en lo que refiere a la “normalidad” y a una “nueva normalidad”, en varios niveles sobre el modo en que éste actúa e impacta en nuestros sistemas sociales y políticos, y proyectar formas diferentes que no consistan en una mera “gestión política alternativa” de los asuntos basadas en fórmulas igualmente competitivas y personalistas. Si nuestros Estados democráticos [s2] continuarán estando constituidos en relación con lo social, con el territorio y con lo distintivo de los distintos sujetos y cuerpos tal como lo están actualmente sin más, las catástrofes naturales, sanitarias y económicas nos tendrán al borde de una situación crítica mientras los privilegios seguirán acumulándose tranquilamente en aquellos sectores que siempre pueden condicionar y torcer al poder político. Emerge así una situación un poco paradójica: no podemos hallar en nuestros sistemas sociales y Estados actuales un modelo alternativo a la actual crisis y a sus estragos, pero tampoco podemos situar la solución a la crisis sanitaria y a sus estragos en una utopía futura, alejada de la actualidad.

La construcción y realización del poder soberano del Estado moderno fue posible bajo la presuposición de los individuos y grupos humanos como sujetos gobernables, capaces de ser domesticados, e igualmente para que la representación democrática moderna tenga sentido, el poder soberano del Estado ha tenido que homogeneizar abstractamente a todos los sujetos, y al mismo tiempo destruir y sepultar toda posible alteridad, invisibilizar todas aquellas diferencias que constituyen lo distinto y concreto de lo humano, a fin de que lo humano no sea políticamente más que una masa de entidades gobernables. Hasta hoy, esas diferencias (múltiples y diversas) permanecen esencialmente invisibles para el Estado tal como lo conocemos bajo el presupuesto de poder gobernar y representar indistintamente a todos los ciudadanos. Esa construcción, a la par del desarrollo capitalista, ha implicado también hacer tanto de la naturaleza como de las personas una fuente de producción, o, en otros términos, someter a la naturaleza como un medio y un artificio, y poner a trabajar diferencialmente a los individuos en pos de un crecimiento cuya realización se representó siempre por encima de la condiciones humana y de toda realidad natural y vital.

RFERENCIAS

[1] https://www.intersecciones.com.ar/2020/03/25/la-filosofia-en-tiempos-de-pandemia-a-proposito-de-giorgio-agamben/

[2] https://ficciondelarazon.org/2020/02/27/giorgio-agamben-la-invencion-de-una-epidemia/

[3] http://comunizar.com.ar/giorgio-agamben-aclaraciones/

[4] http://lobosuelto.com/sobre-la-situacion-epidemica-alain-badiou/

[5] https://www.intersecciones.com.ar/2020/03/20/el-capitalismo-tiene-sus-limites/?fbclid=IwAR0MteTmoTD7AIdV3DUra8GxTO-u-H3ayKE2wtv0igFhaXp-ov_pnCDbd1w

[6] https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html

[7] https://ficciondelarazon.org/2020/02/28/jean-luc-nancy-excepcion-viral/

[8] https://critinq.wordpress.com/2020/03/18/is-barbarism-with-a-human-face-our-fate/?fbclid=IwAR2DdVny1n53cZXYfObQ0gHs3nBP9CiWUocbp9d-tBQqKOENoSXb38kkuC4

[9] https://redhargentina.wordpress.com/2020/04/24/la-pandemia-que-estremece-al-capitalismo-articulo-doble-por-claudio-katz/#_ftn5

[10] https://www.pagina12.com.ar/252374-una-pandemia-de-preguntas

[11] https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-relaci%C3%B3n-tienen-la-pandemia-de-coronavirus-y-la-destrucci%C3%B3n-de-la-flora-y-la-fauna/a-53125129

[12] http://idepsalud.org/coronavirus-agronegocios-y-estado-de-excepcion-por-silvia-ribeiro/



* Hegel, G. W. F. (1999), Principios de la Filosofía del Derecho, Tercera Parte, § 278, trad. de Juan Luis Vermal.


 [s1]

 [s2]No entendí

Un comentario en «Pandemia, Estado y heterogeneidad social»
  1. La aparicion de grandes deficiencias en este esfuerzo es inevitable. Por lo tanto, la falta de mascaras protectoras, o la falta de preparacion sobre el alcance del internamiento hospitalario. ?Pero quien puede realmente jactarse de haber «planeado» este tipo de cosas? En algunos aspectos, el Estado no habia previsto la situacion actual, es cierto. Incluso se puede decir que, al debilitar, durante decadas, el aparato nacional de salud y, en verdad, todos los sectores del Estado que estaban al servicio del interes general, han actuado como si nada. Una pandemia devastadora no podria afectar a nuestro pais. En lo que es muy defectuoso, no solo en su forma Macron, sino en la de todos aquellos que lo han precedido durante al menos treinta anos.

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