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El 25 de abril de 2007 la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad de los indultos a Videla y Massera. De este modo, el tribunal anuló el perdón concedido por Menem para los condenados en el “Juicio a las Juntas”. La medida solo alcanzó a Videla y Massera, porque el resto de los condenados ya habían muerto.

La Cámara Federal en pleno declaró la inconstitucionalidad de los indultos con los que fueron beneficiados los ex comandantes juzgados en el Juicio a las Juntas. “Los hechos ilícitos que fueron llevados a cabo en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 resultan insusceptibles de ser amnistiados”, dijo el tribunal. La decisión implicaba que los represores que habían sido “perdonados” por Carlos Menem debían terminar de cumplir la condena a reclusión perpetua que la misma Cámara les impuso en 1985.

El decreto de indulto había beneficiado a Videla, Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlado Ramón Agosti. Pero estos tres últimos murieron el 30 de septiembre de 1994, el 15 de agosto de 2004 y el 6 de octubre de 1997 respectivamente.

“Existe una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. La necesidad imperiosa de evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”, aseguraron los camaristas al fundamentar su decisión.

El 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal porteña condenó a Videla y Massera a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, accesoria de destitución y pago de costas por considerarlos los máximos responsables de la implementación de este plan criminal, y recibieron las condenas más severas. Los acusados fueron indultados por Menem el 29 de diciembre de 1990, cinco años después del juicio.

El indulto fue rechazado por les sobrevivientes junto con familiares y compañeres de las víctimas y por todos los Organismos de DDHH.  Este rechazo se sumó el de les militantes de las organizaciones político-militares de los ’70, para quienes el indulto anulaba los pedidos de juicio y captura librados por el mismo tribunal que condenó a las Juntas en 1985. Es decir, que con esta medida el presidente Menem reforzaba la “Teoría de los dos demonios” disfrazándola de un llamado a la reconciliación.

Hasta aquí una síntesis muy apretada de los fundamentos técnicos y legales de la anulación del indulto. Pero lo principal es detenernos en la carga simbólica de esta medida que puede leerse, también, como un parteaguas en el accionar de la justicia. Esto obviamente se debió a la fuerza que había adquirido la consigna de considerar a los “derechos humanos como política de Estado” impulsada por los gobiernos kirchneristas y que respondía a la demanda de los Organismos de DDHH, acompañados esta vez por gran parte -sino la mayoría- de la sociedad.

La anulación del indulto dio lugar al juzgamiento de una gran cantidad de genocidas en los juicios de lesa humanidad, muchos de los cuales fueron condenados en sentencias totalmente sujetas a derecho (esto lo remarcamos porque las víctimas del terrorismo de Estado nunca tuvieron acceso a juicios imparciales en donde se respetaran sus garantías).

Pasemos ahora a 2017, el año en que la Corte Suprema declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue por decisión de mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. 

Otra vez la (in)justicia, aliada con el gobierno de turno, pretendía borrar de un plumazo los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica. La medida no solo apuntaba a beneficiar a los genocidas, sino que era parte de la política negacionista del gobierno del PRO que desfinanció las políticas de Memoria, Verdad, Justicia considerándolas parte del “curro de los derechos humanos”.

Sin embargo, tuvieron que retroceder ante la rápida reacción de los Organismos de DDHH que fue acompañada por una de las más contundentes y plurales manifestaciones de repudio de la sociedad de la cual se tenga memoria. Así, el 10 de mayo de 2017, a una semana del fallo, se realizó una manifestación en Plaza de Mayo y en muchas plazas del interior del país que congregó a miles de personas bajo el lema: Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Esta medida derivó en una pronta respuesta favorable desde la política: legisladores de todo el arco se reunieron en una foto en contra de este fallo y, además, el Congreso, con un consenso muy importante, sancionó una ley interpretativa del 2×1 para evitar su aplicación. 

Es en este momento cuando se comienza a conformar el colectivo “Historias Desobedientes”, integrado por hijes de genocidas, cuya primera aparición pública tiene lugar durante la marcha del Ni una menos del 3 de junio de 2017.

La importancia de este colectivo y sus derivas para el movimiento de DDHH demostraron y siguen demostrando que los derechos humanos no solamente no son ningún “curro” sino que constituyen la base ética sobre la cual queremos constituirnos como sociedad.

No olvidemos que la dictadura fue una dictadura “cívico-militar-eclesiástica” cuya pata civil y la de amplios sectores de la Iglesia son las que la sostuvieron para poder implantar el modelo económico que saqueó nuestro país. Modelo que solo pudo implementarse a sangre y fuego, cobrándose la vida de les 30.000, encarcelando a millares de militantes, obligando a marchar al exilio a otros miles y apropiándose de les niñes nacides en cautiverio sin que la mayoría de elles hayan podido recuperar su identidad.

Por eso valoramos la importancia de los juicios de lesa que se están llevando a cabo en numerosos tribunales de nuestro país y cuya transmisión puede seguirse por youtube. Cada testimonio de les sobrevivientes, familiares y compañeres se constituye, así, en una nueva prueba en contra de la impunidad y en bandera de Memoria, Verdad, Justicia.

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