Gianni Fraioli

La aplastante victoria de Larreta nos lleva a reflexionar sobre la ciudad que el macrismo sigue gobernando desde hace más de 12 años. Trampolín para la presidenciabilidad de Macri, se erige ahora como último bastión cambiemita que ha salido airoso de la embestida frentista. Los “vecinos” porteños nuevamente han nadado contracorriente del progresismo, que cansado de proponer al bien intencionado Filmus ha recurrido a un ¿forastero de la política? como Lammens. El presidente de San Lorenzo forma parte de la estirpe de empresarios futboleros, inaugurada por Berlusconi en Italia, presidente del Milan y después primer ministro, continuada en nuestras tierras por un Macri que podía esgrimir sus títulos en Boca como experiencia de Estadista. Lammens también puede vanagloriarse de sus títulos internacionales para demostrar capacidad de gestión, en una jugada que demuestra que la equivalencia estado-empresa-club ya no es más patrimonio exclusivo de la derecha.

El macrismo desde las elecciones nacionales victoriosas, en aquel ya lejano e ¿incomprensible? 2015, había apostado a empujar el crecimiento económico con la obra pública. La provincia de Buenos Aires y la capital fueron los principales beneficiarios por obvias razones partidarias. Dejando el análisis de la primera a mis compañeros que allí habitan, me limito a hacer una breve apreciación de los hitos urbanísticos de la segunda, bautizándola “Macropolis”, una capital que condensa en sus proyectos urbanísticos los males del neoliberalismo.

La Macropolis es un organismo vivo que se caracteriza por su heterogeneidad. Logra conjugar la urbanización de las villas con el cercamiento de las plazas, la agilización de la circulación urbana con un discurso que estigmatiza la protesta callejera, así como bici sendas para disminuir la huella de carbono con un decreto que permite la importación de basura extranjera, y la erradicación de los humedales en Puerto Madero. La bici senda en particular, lejos de cumplir designios de urbanistas catalanes que vienen al país a hablarnos de la revolución urbana ecológica-digital, propician en cambio nuevas formas de consumo insensato típicas del turbocapitalismo, facilitando bicicleteadas de jóvenes repartidores precarizados, hijas bastardas [parecieran] de las bicicletas financieras que sumen el país en una deuda impagable.

La característica de las nuevas metrópolis “posmodernas”, es justamente la aglomeración urbana sin diseño previo, un neoliberalismo urbanístico que rehúye de todo planeamiento arquitectónico, así como rechaza la intromisión del Estado en la economía. El Estado tiene que despojarse así de sus terrenos fiscales, tanto del CENARD como del Tiro Federal, para alimentar una especulación inmobiliaria desenfrenada, capitaneada por los amigos del presidente y del jefe de gobierno. El cierre del Tiro Federal, visto en retrospectiva no parece ser tan sorpresivo, ya que aparentemente las fuerzas de seguridad no necesitan mejorar su puntería, pese a los escandalosos casos de gatillo fácil y de ejecuciones extrajudiciales que se repitieron a lo largo de estos 4 años. El Estado tiene también que privatizar espacios otrora públicos de maneras más subdulas, pero que delatan una ideología que mercantiliza omnilateralmente, al permitirle a un ex jugador de Boca como Battaglia privatizar canchas de fútbol que antes eran de uso público y gratuito, cercando una hectárea del Parque Saavedra con fines comerciales. Público y privado se fusionan también en espantosos espectáculos arquitectónicos, como la nueva Plaza Houssay, convertida en centro comercial descubierto, o en las licitaciones de los nuevos terrenos del bajo viaducto Mitre, donde en lugar de áreas verdes se van a emplazar paseos de compras, pese a las resistencias de los vecinos.

El espacio público es un campo de batalla, donde el cercamiento de las plazas corrió en paralelo al mobiliario intencionalmente incómodo que expulsa a posibles noctámbulos sin techo que sucumbieron a los azotes de las heladas invernales este año, cuando la violación del derecho a la vivienda se volvió patente en las más de 7245 personas que viven en la calle.

Debemos más que nunca trazar nuevas itinerarios conceptuales, que se nutran de las experiencias de aquellos que viven la ciudad y sus contradicciones, rescatando las historias de los transeúntes que las cámaras de video no logran grabar. Los ojos digitales que suspendidos sobre nuestras cabezas tratan de evitar lo contingente, tratando de capturar instantáneamente los movimientos de los ciudadanos de a pie, con la excusa de la prevención del delito. Porque habitar las calles es el destino de los pobres que no logran subir la escalera meritocrática, así como en sus veredas no se pueden desplegar mantas para vender baratijas, para evitar drenar potenciales clientes de los locales que tuvieron que cerrar en estos cuatro años. Ni siquiera intentos de revitalización como el de la peatonal de Corrientes, logran insuflar vida a los teatros impagables y a las librerías de saldo que aún resisten. Tampoco la calle es el lugar indicado para protestar, ya que la represión policial puede convertirse en una cacería inusitada como cuando el Congreso discutía la reforma previsional, o porque hay que abstenerse de recurrir a ella, como recomendaba la ministra de seguridad Bullrich o recientemente, Alberto Fernández. Sin embargo este discurso no aplica a sus prácticas proselitistas respectivas, ya sea en el caso de las veredas que transitan los macristas timbreadores, o las calles que surcaba el Renault Clío [de un Kiciloff] que tuvo que cambiar de residencia para presentarse a elecciones.

La calle sigue siendo el escenario favorito de movilización social, porque el territorio es el recurso que el neoliberalismo extractivista explota. Las protestas en Chile estallaron luego de que anunciaran el aumento del precio del boleto del subterráneo; en Hong-Kong, el catalizador fue el proyecto de reforma de la ley de extradición, que iba a habilitar la expulsión de ciudadanos a China; en Francia, el origen de los Chalecos amarillos derivó del aumento del precio del combustible, una medida que afectaba a los ciudadanos comunes de las periferias francesas, echando luz sobre las fracturas territoriales que separan a las metrópolis interna y externamente; en Catalunya, fueron las sentencias penales que apresaron a los líderes independentistas, en un intento de clausurar definitivamente el reclamo separatista. Y en todos estos casos, fue en el territorio, en las calles de dichas urbes, en las autopistas que comunican a sus ciudades, en las que el clamor popular encontró su escenario.