La ciudad de Colón se encuentra en este momento en alto riesgo epidemiológico, con el 100% de las camas de UTI ocupadas. Si bien el gobierno provincial adhiere a los DNU del gobierno nacional, estos DNU solamente indican que deben trabajar desde la no presencialidad los distritos que estén en situación de alarma epidemiológica. Dejando en manos de las autoridades de cada jurisdicción pedir ser declarada zona de alto riesgo. Es en este marco, que el gobernador Bordet emitió un decreto que habilita las clases presenciales en toda la provincia, exceptuando Paraná y las zonas que fueron declaradas de alarma. En las demás jurisdicciones los intendentes que consideran necesarias mayores restricciones deben solicitarlo, lo cual no hizo Colón. Aunque si procedieron de esta manera los demás intendentes de los principales centros urbanos de la provincia.
Esto implica que la presencialidad debe cumplirse en Colón, a pesar de que los y las docentes no habían sido vacunados en su totalidad, ya que recién empezaron a recibir las primeras dosis la semana pasada.
Alarmados por la situación de abandono por parte del gobierno provincial y municipal, la primera semana de junio, los y las docentes del sindicato provincial AGMER realizaron un congreso para evaluar cómo proceder, en el cual resolvieron posicionarse de forma firme en la defensa de que las condiciones sanitarias no están dadas para regresar a la presencialidad. Para preservar la salud de los compañeros y compañeras, resolvieron dar clases virtuales como medida de fuerza, medida que generó amplia adhesión entre los docentes.

Además del abandono por parte del gobierno, los docentes debieron soportar la persecución política. El miércoles 9 de junio un grupo de “padres organizados” realizaron una clase pública en la puerta del sindicato, con la intención de presionar por el regreso a la presencialidad, incumpliendo las normativas vigentes: el DNU 287 que fue extendido por el DNU 334 y adherido a la provincia por el decreto provincial 1158. La situación de inusitada gravedad, empeora cuando se tiene en cuenta que entre las principales artífices de dicho apriete estuvo la consejala oficialista Laura Locker del bloque Vecinalista / juntos por el Cambio, quien se encontraba presente en la ya mencionada «clase pública”.
Este grupo no intentó dialogar con los y las docentes ni con AGMER antes de realizar esa jornada. Las fotos de ese evento son clara muestra que ni siquiera al aire libre y con muy pocas personas se lograron respetar los protocolos. Cuando las autoridades sindicales se percataron de la presencia de la funcionaria municipal, poniendo en riesgo la salud de toda la comunidad, decidieron presentar una nota al Consejo Deliberante, solicitando que se tomen medidas ante tamaña infracción. La respuesta por parte del bloque oficialista fue un ataque directo, modificando los hechos, acusando al sindicato de haber actuado de manera violenta, cuando en realidad el gremio procedió institucionalmente presentando una nota. A esto se suma el uso del término «acción comunista” para descalificar, queriendo dejar en claro que dicha palabra implica algo que debiera repudiarse o ser denostado como negativo. Será que lo que le molesta al concejal en realidad, cuando dice que AGMER ejerció una «acción comunista» son las acciones comunistas, cómo la de fundar los principales sindicatos en la Argentina a principios del siglo XX, o la CGT. Como hicieran los comunistas de antaño, mucho antes incluso de la existencia del Peronismo.
El uso de esto como insulto evidencia el temor que aún tienen ciertos sectores a la organización y la lucha de los y las trabajadoras. Hoy día (como ayer) cada vez más sectores de la derecha acusan de comunista a todo quien lucha por una más justa repartición de la riqueza. Todo ello en un tono disfrazado de defensa de derechos y libertades (que vendrían a poner en riesgo los y las comunistas); algo así como acusar a quien se tiene enfrente de lo que uno mismo hizo y nombrarlo de otra manera, en este caso, querer hacer pasar una conducta fascista (supuestamente) ejercida por el principal gremio docente de la provincia como una acción comunista, en su afán por mantener en las mismas manos de siempre el poder económico o en el mejor de los casos sostener sus propios privilegios.
Lamentablemente, ni chicha ni limonada, ni el comunismo tiene punto en común con el fascismo (el aporte a la humanidad de la URSS venciendo al nazifascismo y apoyando cada foco de liberación nacional habido y por haber durante el siglo pasado, entre otros hitos, lo demuestran); ni AGMER realizó ningún «escrache» a ningún sector político sino que utilizó los canales institucionales que garantiza nuestro sistema político.

Aunque, no se equivocan al pensar que pelear por los derechos de los trabajadores y trabajadoras es una «acción comunista», es seguramente esto lo que le molesta al concejal Godein, la defensa organizada del trabajo y sus protagonistas, en definitiva le molestan los sindicatos. Pero demonizando al «comunismo» no hace más que mostrar sus verdaderos intereses: sostener el orden social vigente, que le permite a los patrones de estos funcionarios, seguir viviendo a costa del trabajo ajeno.

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