Foto de Rodrigo Abd

   por María Ferreira

La casa de Pizarro se encuentra atravesada por una crisis institucional que viene arrastrando desde hace décadas. Afectada por la pandemia, la crisis económica, social y humanitaria, se le suma la inestabilidad política.

Desde hace 20 años los políticos de Perú terminan expulsados o encarcelados. Los peruanos y peruanas están cansados de ver la misma película desde hace décadas: presidentes que renuncian o son destituidos, acusados por corrupción. A esta larga lista de mandatarios que cayeron en los turbios manejos del Estado, se suma Martín Vizcarra, ingeniero civil (57), destituido por el Congreso Nacional por «incapacidad moral para conducir el gobierno», con 105 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 4 abstenciones. La medida fue aprobada unánimemente por FREPAP, Fuerza Popular (fujimorismo) y Unión por el Perú; y con amplia mayoría dentro de Alianza para el Progreso (de César Acuña), Acción Popular y Podemos Perú (cuyo líder José Luna es investigado también por corrupción). Éste fue el segundo pedido de vacancia (a diferencia de un juicio político, la vacancia, no está destinada a juzgar o sancionar al presidente, sino verificar que sus capacidades sean óptimas para ejercer su cargo). El primero fue planteado por una supuesta obstrucción en la investigación al músico Richard Cisneros, que fue contratado por el Ministerio de Cultura. En cuanto a la última, se lo acusa de haber recibido coimas en relación a obras públicas en el año 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Vizcarra asumió la presidencia en 2018 tras ser vice presidente de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien renunció por escándalos de corrupción.

Han pasado ya 20 años desde que Alberto Fujimori (82), genocida y ex presidente peruano con ascendencia de origen japonés, fuera destituido. Su mandato duró 10 años y en la búsqueda por su segunda reelección fue acusado escandalosamente de corrupción, renunciando por eso mismo a la presidencia desde su exilio en Japón. Cabe recordar que el Parlamento rechazó esa renuncia y todo el proceso se judicializó, solicitando su extradición. La esperanza de que el país se recomponga luego de eso se ha esfumado con los años, a lo que hay que sumarle la voladura por el aire de la escasa institucionalidad restante, tras el escándalo Odebrecht en 2017. En todo este período, por la Casa de Pizarro en Lima han pasado cinco gobernantes y ninguno ha terminado su presidencia en los mejores términos.

Lo que sucedió el lunes fue un golpe de estado legislativo, la disputa entre las élites a nivel estatal y el accionar lobista del empresariado, dieron como efecto toda esta serie de sucesos que agravan aún más las condiciones de vida de un Pueblo tan castigado como es el de Perú.  A pocos meses de las elecciones generales para elegir de forma democrática al nuevo presidente de la República, el Congreso llamó a destituirlo, pudiendo esperar a que ocurriesen las elecciones del próximo año para comenzar una investigación una vez terminado el período del mandato, sin la inmunidad que le daba el cargo, para que, en caso de ser hallado culpable, caiga sobre Vizcarra todo el peso de la ley.

De las varias explicaciones a esta crisis institucional, una de ellas es la especulación de la corporación política, hoy opositora, para generar desestabilización y tapar sus propias irregularidades, en medio de una gran indignación popular. Los objetivos quedaron claros, capitalizar políticamente la debacle y coronar la presidencia, para sostener la misma lógica que sostiene la política peruana desde hace 20 años. Otra de las explicaciones concretas, es la falta de responsabilidad de Martín Vizcarra desde que asumió pese a su constante demostración de intentar generar una estabilidad constitucional. Cuando dispuso disolver el Parlamento en septiembre de 2019, al considerar que el Congreso había denegado fácticamente una cuestión de confianza (término utilizado como instrumento para pedir respaldo político al Congreso para llevar a cabo políticas públicas), resolvió llamar a elecciones para enero del 2020. El gran error político en todo ello fue no presentar ninguna lista para congresistas en las elecciones (confiado en su popularidad), ni generar ningún marco de alianzas con fuerzas políticas, generando así un Congreso con representatividad fragmentada y opositora, disgregando al poder de gobierno. Por lo tanto, sin partidos consolidados, el presidente tuvo menos capacidad de garantizar la estabilidad de su mandato y de garantizar la salida democrática que el Pueblo de Perú estaba esperando.

Quien lideró todo el proceso destituyente de vacancia para Martín Vizcarra fue Manuel Arturo Merino de Lama (59), agrónomo, representante del partido de Acción Popular. Muy cuestionado por la opinión pública, Merino de Lama llegó al Congreso con escasa representatividad y legitimidad dudosas. Fuertemente criticado por su accionar misógino y sus declaraciones machistas en el mes pasado; al referirse al Poder Ejecutivo durante una conferencia planteó: “Esto es como un noviazgo, la novia está haciendo caso al novio, entonces nos estamos entendiendo y quien gana es el Perú”. Este personaje es quien asume la presidencia (de facto), con protestas masivas en muchísimas ciudades y con el descontento absoluto del pueblo peruano. El riesgo que hoy corre este rincón latinoamericano es que no se respete el cronograma electoral, quedándose con el poder estos sectores con ansias de perpetuar el flagelo del neoliberalismo, haciendo uso y abuso de sus competencias dentro del Estado.

PERÚ NOS NECESITA, DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA. ¡NO Al GOLPE DE ESTADO EN PERÚ!

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