Por Guillermina Rebosio

El sábado pasado en Perú se desplegó un nuevo operativo de persecución al gobierno de Pedro Castillo.  Los principales medios hegemónicos amanecieron plagados de imágenes de allanamientos y títulos que vinculaban el partido gobernante con lavado de dinero. Fueron allanados siete inmuebles, entre los cuales: las sedes del partido oficialista “Perú Libre” de Lima y Junín; y la casa del secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón. Este suceso mediático político aparece en escena justo a un mes de la asunción del presidente y un día después del triunfo del voto de confianza obtenido por el primer ministro en el congreso. El motivo es una supuesta denuncia por financiamiento ilegal. Como respuesta,  “Perú Libre” emitió un comunicado oficial donde expresa sorpresa ante la celeridad del proceso, inadvertida en casos similares, y condena los intentos de amedrentamiento. Aún así, el partido se pone a disposición de las autoridades correspondientes para la investigación y ratifican su respeto al poder judicial.

 Estos hechos se dan en el marco de una puja constante de parte de la derecha por no aceptar su derrota electoral. Luego del triunfo de Castillo en las urnas el 6 de junio, la oposición “dueña” del país desplegó diferentes estrategias para no asumir la realidad. Durante más de un mes tuvieron al país en vilo,  alegando un fraude que jamás pudieron probar. Cuando no les quedó más posibilidad que reconocer la elección de la mayoría, comenzaron a buscar otros métodos de boicot.

El asedio mediático  que se había activado durante la última etapa de la campaña, vinculando a los candidatos de Perú Libre con Sendero Luminoso y asustando al pueblo con la idea de que Castillo les quitaría sus bienes personales, lejos de ceder luego de las elecciones, se recrudece constantemente. Mediante estos manejos falsos de la información, consiguieron que el canciller elegido por Pedro Castillo, Héctor Béjar, se vea obligado a presentar su renuncia a sólo 19 días de haber asumido. El sociólogo de 85 años, reconocido militante revolucionario que participó activamente en la lucha armada en el Ejército de Liberación Nacional, fue hostigado en los medios por una declaración hecha a principio de año, en la que decía que la Marina de Guerra Peruana y la Inteligencia Estadounidense tuvieron responsabilidad en fomentar el terrorismo y en hechos violentos adjudicados a Sendero Luminoso. Bejar, que recibió instrucción en la Cuba revolucionaria y se nombra a sí mismo como soldado del Che,  fue acosado hasta lograr que el  primer ministro, Guido Bellido, le solicitara la renuncia. El verdadero motivo por el cual se lo persiguió claramente excede a esas declaraciones reflotadas. Probablemente se deba también a que se pronunció por el cese de los bloqueos en Cuba y Venezuela, y se mostró reacio al grupo de Lima. Luego de los hechos, el ex canciller declaró que su salida fue parte de un golpe blando de la derecha, que busca bajar a todos los ministros hasta lograr la vacancia presidencial.  Su opinión parece acertada cuando vemos otros sucesos cercanos: noticias falsas y sacadas de contexto también deslegitiman al mismo Bellido, acusándolo de “apología del terrorismo”, al igual que al ministro de trabajo Iber Maraví, a quien se lo expuso con denuncias hechas entre los años 1980 y 2000 por las que ya se lo investigó sin obtener pruebas. A esto se suman recientes declaraciones contra el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, acusándolo de que de que “uniría la izquierda legal con la izquierda subversiva”. Estas denuncias fueron rápidamente desestimadas por el mismo denunciante, que declaró no tener pruebas más que los discursos públicos del acusado.

En este escenario de tensión, el primer ministro Guido Bellido presentó el pasado jueves 26 su gabinete ante el congreso. En Perú, una vez asumido el gabinete elegido por el poder ejecutivo, el congreso tiene que aceptarlos por voto de confianza. Si el congreso no lo acepta, el presidente debe reorganizarlo y presentar otro. En caso de ser rechazado este también, puede optar por una salida radical que se encuentra dentro de la constitución: disolver el congreso y convocar a elecciones parlamentarias. Para que se obtenga dicho voto de confianza es necesario alcanzar la mitad más uno de los votos de los congresistas presentes en la sesión. En el caso que estuviesen los 130 congresistas, se necesitarían 66 votos a favor.

El día de la votación, militantes de “Perú Libre” convocaron a masivas movilizaciones de apoyo en diversos puntos del país en las que respaldaron al gabinete y juntaron firmas para exigir la pronta realización de una de las principales promesas de campaña, el referéndum por la asamblea constituyente.

En el congreso, el partido gobernante cuenta con 37 bancas, más 5 de sus aliados de “Juntos por el Perú”. “Fuerza Popular” (el partido de la ex candidata Keiko Fujimori) tiene 24, mientras que el resto de los partidos de derecha y centro derecha cuentan en total con 64 bancas.  Bellido conquistó los votos necesarios gracias al apoyo de los partidos de centroderecha “Acción Popular” (AP) y “Alianza Para el Progreso” (APP), quienes, a pesar de haber expresado en sus discursos cuestionamientos al plan de gobierno expuesto por el primer ministro, votaron en su mayoría a favor.

“Fuerza Popular”, “Renovación Popular” y  “Avanza País”, que suman 43 legisladores, contaron con el apoyo del “Partido Morado”, de centro, y de algunos congresistas que fueron en contra de sus bancadas.

Bellido comenzó su exposición con encendidas palabras en Quechua, se reivindicó como hijo de Tupac y habló del sufrimiento de 500 años de los pueblos originarios que recién hoy tienen voz en el  congreso. En medio de su discurso fue interrumpido por la presidenta del congreso Maria del Carmén Alva, del partido “Acción Popular”, que alegó no entender lo que decía, a pesar de que el Quechua es uno de los idiomas oficiales de Perú.  Los modelos en disputa se evidencian en cada acto. A pesar de la tensión con la que se llegó a la votación, la moción de confianza se aprobó por 73 votos contra 50.

 Pero la oposición perdedora sigue buscando minar la posibilidad de gobernar del partido elegido por el pueblo. El congresista Jorge Montoya, del partido “Renovación Popular” (RP), anunció que buscará la censura (destitución parlamentaria) de los ministros «uno por uno». Por su parte, voceros de Fuerza Popular declararon «Seremos un muro de contención (para el Gobierno)», repitiendo palabras de su líder Keiko Fujimori.

Luego de esta derrota en el congreso, era de esperarse que la derecha desplegara nuevos ataques. Sin demora, el pasado 28 de agosto, la noticia de los allanamientos recorría los principales medios hegemónicos.  La fiscalía, en manos de funcionarios fujimoristas, acusa sin pruebas a Cerrón y a Perú libre por un caso conocido como “los dinámicos del centro”: una presunta red criminal que emitía ilegalmente licencias de conducir a cambio de dinero. Mediante este montaje judicial, se afirma que a través de estos delitos financiaron su campaña. Aunque la denuncia sea pobre en pruebas, las imágenes del allanamiento ya bombardearon las casas de la mayoría del pueblo peruano a través de las imágenes televisivas. Estrategias que conocemos muy bien y cuyo daño aún hace efecto en otros países de América Latina, incluido el nuestro.  Para esta fabulación se utilizaron fiscales pagados, testigos protegidos y el, siempre al pie del cañón, apoyo de los medios hegemónicos.

Una vez más, vemos en acción los planes que el imperio y las derechas locales vienen desarrollando en toda América Latina, la misma dominación que  ejercen desde por lo menos 75 años, que se reeditan según cada una de las  coyunturas.

Mientras la mayoría del pueblo peruano intenta remontar una situación económica de extrema desigualdad, exacerbada por la pandemia -que además se cobró casi 200. 000 vidas a causa del abandono del sistema de salud público – y apuesta a que el gobierno elegido democráticamente pueda comenzar a mover la balanza en beneficio de las necesidades populares, algunos sectores insisten con el terruqueo  [i] y la persecución política para defender los intereses de acumulación de los mismos de siempre.


[i] El terruqueo es una práctica política y social utilizada por los sectores conservadores y de la derecha peruana en general, que consiste en asignar a algún adversario, que tiene propuestas de izquierda o es disidente del establishment las connotaciones de ser afín a comportamientos o ideas terroristas, o de realizar apología del terrorismo, o, incluso, ser miembro u operar dentro de estos grupos armados, con el fin de desprestigiarle o que su discurso se vea invalidado.​ También se ha definido como una estrategia política que utiliza, por asociación, el miedo al terrorismo para obtener rédito político​ y que anula cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un estado democrático.​


 


                                                     
                     

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