El déficit del año 2019 debido a las partidas presupuestarias que recibió el régimen previsional especial, según datos oficiales del sector político de gobierno (FdT) es de 11 mil millones de pesos. En palabras del diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto del Frente de Todos, miembro informante del dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley modificatorio de los regímenes previsionales especiales de magistrados y empleados del Poder Judicial; del Ministerio (Poder) Público Fiscal; del Servicio Exterior de la Nación; y además del control del dinero para previsión por parte exclusiva de estos sectores de Estado, se trata de los casos (arriba de los 700) [sic] que “superan los 330 mil pesos”. Sólo en el caso del Servicio Exterior.

   Entre las cláusulas del proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados figuran, el aumento de la edad jubilatoria para los beneficiarios de dicho régimen especial de 60 a 65 años de edad; la eliminación de la prerrogativa para los empleados de hacer los trámites correspondientes en el seno mismo del Poder Judicial y tener que realizarlo en dependencias del ANSES como cualquier otro ciudadano. Aunque así mismo el diputado remarcó que se respetarán los beneficios de aquellos magistrados que ya estén jubilados; de los que estén en actividad y “ya tengan el beneficio acordado”; de los que han presentado la nota correspondiente pero no tienen acordada la mencionada jubilación; y también quienes ya cuentan con los requisitos jubilatorios pero que todavía no han iniciado los trámites. De modo que la reforma a simple vista, y en el decir del dictamen, no alcanzaría a las jubilaciones de privilegio de todos los casos recién mencionados, sino que según Casaretto es para “limitar el desfinanciamiento de dichos sistemas”.

   Ahora, intentemos desmenuzar un poco esto. El gobierno nos está planteando, por un lado, la insostenibilidad del sistema de jubilaciones autónomas y autorreguladas por los aparatos de Estados (en este caso los poderes: judicial, público fiscal, y también el caso del servicio exterior), que se encuentran al margen del régimen previsional convencional, por motivos de la incidencia de las mismas en las cuentas públicas y la desbalanceada relación ingresos-erogaciones. Los aportes son alrededor de 38 mil por empleado activo (de un total de 1071 empleados) por cada jubilación de privilegio de 300 mil pesos.Sumado a esto, no nos fue difícil notar el cabildeo dentro del aparato multimediático de la fracción política oficialista, que desde hace semanas viene intentando instalar la idea reivindicativa del ajuste a los sectores más beneficiados de la administración pública, en favor del financiamiento del sistema general de previsión y/o las arcas públicas. Pero por otro lado vemos, como decíamos más arriba, que la “erradicación” de este sistema especial de jubilaciones no se materializará para quienes ya se encuentran percibiendo tales beneficios; quienes están en trámite de ello; y quienes los tengan ya “acordado”.

   En el marco de la tensión política generada, la respuesta no se hizo esperar y los principales medios hegemónicos anunciaron a viva voz la asonada de la “justicia” que vitupera el éxodo masivo que sobrevendría con la promulgación de la nueva ley. Precisamente, las cifras citadas por estos en base a registros del Poder Judicial y Público Fiscal, arrojan que 51 magistrados y fiscales han presentado la renuncia supuestamente tras conocerse la posibilidad de la reforma, de 200 que están en condiciones de retirarse, y de un total de 1350 cargos a nivel nacional (del cual el 27% se encuentra vacante).

   La realidad nos urge a pensar varias cuestiones. En principio, con los propios números obtenidos en RoPaSuCiA© que nos hablan de un coste anual alrededor de los 27 mil millones de pesos por estas jubilaciones emanadas de la ley 24018, y teniendo en cuenta que, con esta reforma desaceleradora del crecimiento estimado de las erogaciones a futuro, que frenaría el desfinanciamiento; no se dejaría sin efecto las existentes. No sólo cabe preguntarse ¿Qué pasa con las ya otorgadas? Las de los números antes cotejados, sino también ¿Qué pasa con las prontas a resolverse favorablemente? ¿Y las “acordadas” o los trámites realizados hasta la fecha de la posible sanción en el Senado?

   Un punto a tener en cuenta, concerniente al tratamiento mediático y parlamentario, es cómo el “fuego” se concentró sobre los cobros, en forma casi exclusiva, del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Servicio Exterior de la Nación, y la intencionalidad del control centralizado de las cajas, más no tanto o a simple vista bajo ninguna forma (incluso en el tratamiento de comisiones y plenario) sobre los haberes de los altos funcionarios que han pasado por el PEN. Entonces podemos pensar o que no representan un alto índice y/o número de casos y erogaciones (probablemente la cuestión más lógica) o bien que además, este “ajuste a largo plazo”, tiene una direccionalidad clara dentro del entramado de la vetusta superestructura presidencialista de división de poderes de la tan esperanzadora democracia representativa. Por lo cual nos resta considerar qué le está queriendo decir a la “corpo” el Poder Ejecutivo, y el alcance de la reforma de la justicia anunciada allá por diciembre al momento de asumir sus funciones el Presidente de la Nación.

   A raíz de la necesaria reestructuración del Estado que debe llevar adelante el gobierno, las condiciones resultantes de las operaciones del neoliberalismo en el mismo muestran esto, es evidente que esta advertencia al poder encargado de velar por los intereses de la constitución (el Poder Judicial y la Corte) lo pone en completa disyuntiva, y la marcada de cancha ya se olfatea al decir de los oligopolios mediáticos y el establisment. Pero la navaja, en términos materiales, al parecer está sin filo, cuanto menos, por uno de sus lados. Y como valor simbólico, la medida se degusta en términos políticos y un gran sector del FdT se muestra muy complaciente, aunque no tan minucioso con la cuestión.

   Cabe recordar lo que decía Max Weber en la época de esplendor de la admiración por la agrupación política Estado, como “relación de dominio de unos hombres sobre otros”:

Toda organización de dominio que exija una administración continuada requiere, por una parte, que la actividad humana se determine a obedecer a los presuntos poseedores del poder legítimo, y, por otra, la capacidad de disponer, debido a esa obediencia, de los bienes que oportunamente se necesiten para el uso de la fuerza física: el equipo del personal administrativo y los medios materiales de administración” (Weber, 1919).

   Y es en aquél trabajo, donde establece la relación entre vivir “para” la política y vivir “de” la política, sin que estas sean excluyentes una de la otra. O sea, aquél que hace de la política una fuente de ingresos “permanente” y la persona que intenta vivir “para” la política, que debe ser independiente económicamente de los ingresos que pueda proporcionarle la política, por ende ser rico o tener una posición cómoda en ese sentido. Situación que el mismo autor alemán luego dilucida más específicamente:

“La conducción de un Estado por personas que viven para la política y no de la política, supone forzosamente un reclutamiento “plutocrático” de las capas políticas dirigentes. Claro que esto no significa que la conducción plutocrática habrá de prescindir de vivir “de” la política, y, por tanto, que la capa, dominante no habrá de aprovechar su posición política para derivar beneficios en provecho propio.” (Weber, 1919).

   Este pasaje a modo ilustrativo y categórico ha reforzado un sinfín de ideas de sentido común que confluyen aún hoy, sobre diversos metamensajes respecto al quehacer político, y sobre la clase rica dominante como la mejor administradora de la cosa pública; o la creencia moderna del buen obrar de los funcionarios del Estado por no tener que responder a presiones económicas. Los hechos han demostrado abundantemente que esto no es así, e incluso la alegoría de Max Weber que demuestra una realidad bien variopinta es en definitiva, una crítica a estas cuestiones.

    Sin embargo y bajo la lupa de la realidad que nos interpela, las diferencias de criterios en este entramado de la “seguridad social”, siguen demostrando cómo el capitalismo en su actual versión, continúa su ardua tarea legitimadora (teniendo en cuenta las respectivas resistencias), de división (en este caso) respecto del pago de haberes y salarios (pasivos). Que desde los espacios de poder estatales, apoyados históricamente por las oligarquías y capitales extranjeros ha sabido construir un modelo de reaseguro de voluntades y elitización creciente, derivando en la casta de privilegiados llamada a impartir las decisiones del pueblo. Refractando hacia abajo a través del eje hegemónico que ha dado lugar a más y más distinciones, rastreadas en el llano incluso en las grietas entre jubilados no privilegiados, grietas cuasi viscerales en muchos casos, que hemos visto en alocuciones cotidianas como “aporté toda mi vida para que le sostengan la jubilación a los que no aportaron nada”; y que hoy, refleja las limitaciones de la democracia que supimos conseguir.

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