ARENAS. Pastel tiza, de Lila Luna

 A raíz de los debates y las movilizaciones que han tenido lugar en nuestro país sobre la necesidad de aplicación de la ESI y de promulgación de la IVE se abren una gran cantidad de debates. Y algunos nuevos emergen o se reactualizan. A continuación, voy a repasar algunas repercusiones de la IVE.

Hay múltiples desigualdades y formas de dominación. Las leyes son, entre otras estructuras sociales, aquello que procura regular el establecimiento de igualdades para todas las personas. Sabemos, sin embargo, que los Estados no son neutros y representan los modos culturales de las mayorías, que no siempre reconocen la equidad. De lo ideal a lo real, estados como la Grecia antigua (paradigma de los ideales democráticos y con participación plena) excluían a esclavos y mujeres en el ejercicio del voto.

También, se han podido reconocer diversas formas de dominación ocultas en modelos culturales. Una de ellas: la institución económica, social y familiar del patriarcado, instalada y sostenida por las instituciones más fuertes de la sociedad y por representaciones culturales que la legitiman y fortalecen. Leyes del sentido común que condicionan nuestro sentir, forman nuestras subjetividades y permiten aceptar lo inaceptable.

No hay manera de citar “el patriarcado” sin entrar en una enorme cantidad de consideraciones y en una gran oleada de cuestionamientos. Por ejemplo, el sentido común, a menudo rejuvenece las fantasías del hogar/familia como lugar de protección, seguridad y afecto. Sin embargo, se ha develado como uno de los lugares donde permanecen relaciones asimétricas, fortalecedoras de la violencia de género y abusos intrafamiliares. Históricamente, la palabra del padre ha sido “palabra santa”, representaba autoridad y dominio. Palabra del patriarca por sobre las otras personas de la familia. Palabra del padre: único quien podrá decir que.

Una de las tantas formas de pensar la ley pasa por preguntarnos: ¿esas palabras qué representan? ¿quién o quiénes son sujetxs de derechos?  Es decir, ¿son un espejo de quién?  ¿quiénes son tenidos en cuenta?   Siguiendo a Elizabeth Jelin (1996), coincido en considerar que la existencia de todos los derechos es producto de luchas de conjuntos sociales que, en situaciones geopolíticas determinadas, los han demandado para su reconocimiento y legitimación. A su vez, coincido con la autora en la definición de ciudadanía que, en síntesis elementarísima, va a determinar quienes podrán decir qué. El paradigma de la igualdad universal es discutible, sin duda. Derechos y deberes de la ciudadanía no pueden generalizarse.  Si bien hay un horizonte común de necesidades, las mismas deberán estar siempre en relación con los colectivos a los cuales se refieren. Nos encontramos con el mismo dilema: pensar sobre derechos humanxs implica, entonces, tener en cuenta las diferencias de humanxs, sin que la diferencia pase por el tamiz invalidante de inferioridad. 

La ampliación del horizonte, fundamenta Jelin, es necesaria porque “La construcción de la institucionalidad democrática es un desafío a la capacidad de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil para promover la transformación del Estado y, de manera especular, se aprende y construye ciudadanía.”

Los estudios de género, la Marea Verde, son parte de un activismo peticionante, que por su misma idiosincrasia conmueve matrices de sentido. El largo camino de la legitimidad a la legalidad, conlleva acciones tanto o más conflictivas y genera turbulencias en muchos sectores, dudas desde el sentido común y reacciones de controversia que aprovechan los discursos neoconservadores activos.

La Ley de interrupción voluntaria del embarazo, dirige la atención hacia mujeres en situación de embarazo. La misma acción nos impulsa a revisar nociones de género, para analizar las miradas y pensar desde la categoría mujeres, los sentidos sociales que preceden a esta ley.  Los primeros estudios de género pudieron “desabrochar” el modo de pensar acerca de las mujeres como condicionadas por la biología y los instintos, universalmente destinadas al mundo doméstico y la reproducción. Y puesto que estos “modos” diferían en las etnias y en las clases sociales fue posible entenderlos como construidos, elaborados por las comunidades.

Coincido en que “el género es un modo actual de organizar normas culturales pasadas y futuras, de situarse en ellas y mediante ellas, en consecuencia, es un modo activo de vivir nuestro cuerpo en el mundo” (J.Butler; 1991), hermosa definición de esta intelectual enorme y corajuda.

Evidentemente, las discusiones en cuanto a la educación sexual y la descriminalización del aborto, conmueven por varias razones. En cuanto a la ESI, porque incluye el derecho a desear y llevar adelante el ejercicio informado del derecho al placer. La ESI contiene, además, ejes que no habían sido contemplados para las mujeres, como el lugar del cuerpo ya no percibido en exclusividad como soporte y continuador de la especie.

Todos los cuerpos son el soporte material de las personas, que son siempre sujetxs deseantes. Es decir que es imposible separar cuerpos y personas. Sin embargo, para mujeres e identidades subalternas, asignadas al ámbito de la otredad en la historia (casi) universal de la humanidad, su materialidad corporal ha sido controlada por las esferas del biopoder, por el patriarcado, por las iglesias y el modelo médico hegemónico. En un largo y complejo recorrido, podemos hacer seguimiento de estas sujeciones en la forma de quita o merma de autonomía, de reducción o desvalorización de sus voces. Y, de esta manera, analizar los fundamentos de dichas sujeciones.

Una de las objeciones más fuertes a la IVE fue el punto de que las mujeres embarazadas están en un proceso gestacional: una célula sexual masculina se ha encontrado con una femenina.

La interrupción de este proceso corporal no es una nueva escena, ha existido toda la historia de la humanidad. En algunas sociedades fue práctica habitual. En otras fue/es considerada delito. Lo nuevo aquí es que, con su legalidad, por medio de la IVE, realimenta, como dice Jelin, quienes podrán decir qué.

Aunque el recorrido de la despenalización de las interrupciones de embarazo conlleva años de luchas  con sólo pocos accesos permitidos,  la realidad es que su implementación siempre estuvo obstaculizada. De manera explícita o no, podemos rastrear      tramas que hunden raíces en las influencias de instituciones políticas y religiosas. Para fundamentar se han usado argumentos teóricos biologicistas. A partir de la IVE, quienes  pueden decir/decidir son las mujeres, por derechos consagrados por la Constitución y otros tratados internacionales.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo redirecciona lugares asignados a las mujeres. La ley habilita a que sean las mismas mujeres quienes puedan optar o no, por la interrupción del embarazo.  Como no podría ser de otra manera, reactiva cambios de sentidos. Y en la misma espiral dialéctica, reposiciona ámbitos de la masculinidad.

A partir de dicho reposicionamiento, desde sectores del género masculino están surgiendo las preguntas: ¿Pueden participar en la decisión de interrumpir el embarazo, aquellos varones cercanos, comprometidos o no, en la concepción? ¿Son sujetos de derecho?  Las preguntas acerca de los derechos de paternidad en cuanto al embrión, están arraigadas en el discurso social de sentido común que afirma la gestación como continuidad en una descendencia. Este argumento es erróneo: todavía no hay descendencia. Si aún no hay hijes, no hay paternidad.

La paternidad reconocida formaba parte de las leyes como “patria potestad”. Pero con la Reforma del 2015, el Código Civil incorpora un nuevo concepto como el cuidado personal de lxs niñes que atañe a la responsabilidad por partes iguales de las madres y  los padres. Sobre esta idea, el código Civil pide como requisito que lxs niñes nazcan con vida, por lo cual, aquellos derechos y obligaciones que antes se concebían como patria potestad, configuran su existencia solo si ha sido concebido en el seno de la madre y luego nacen con vida.

Para reflexionar, siguiendo la línea argumental biologicista que estigmatiza la decisión de interrupción del embarazo, por la presencia en la panza de un niño o niña, coincido con los puntos de vista de Amnistía Internacional que en el documento Debate sobre la Despenalización del Aborto, en el Cap 1 La vida comienza desde la concepción, postula: “No existe consenso en ningún campo ni disciplina sobre el momento considerado como comienzo de la vida. Por ende, el derecho tampoco está en condiciones de definir cuándo comienza la vida humana. Es decir que, aunque pueda existir vida, esto no significa que se esté en presencia de una persona ni, mucho menos, que su protección sea absoluta”. A su vez, la Corte Interamericana de DDHH indicó que ni del Art. 4 de la Convención Americana, ni del artículo 3 de la Declaración Universal, ni del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 se desprende que el embrión pueda ser considerado persona en los términos de la protección del artículo 4 de la Convención. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o niña tengan prioridad sobre la protección del embrión. (pag 10). Y más adelante: “(…) Lo que se propone a partir de la despenalización del aborto es que, en una etapa temprana del embarazo, los derechos de la gestante (concretamente, el derecho a la autonomía sexual y reproductiva) deberán prevalecer sobre el interés estatal de proteger al embrión (…)”  (pag.11).

Es decir que, volviendo a la reflexión sobre la merma/negación de la autonomía sobre su propio cuerpo, a las mujeres el derecho les reconoce en este momento y a partir de la IVE, el derecho interrumpir un embarazo, como ámbito de privacidad constitucional.

Por lo tanto, en los estadios tempranos de embarazo, no estamos en presencia de una persona, el embrión no lo es. La decisión de la interrupción queda por fuera del ámbito de la paternidad.

Como práctica corporal (aunque con significaciones subjetivas muy diferentes) el derecho a interrumpir se podría equiparar a decidir un proceso quirúrgico de modificación estética o una mejora odontológica. La masculinidad queda fuera de estas decisiones de ejercicio de “poder” sobre el propio cuerpo. En el fondo, en este redireccionamiento de derechos, en este “quienes podrán decir que” se ponen en jaque presupuestos androcéntricos de las batallas tradicionales por el control de la vida y de los cuerpos de las mujeres.

Las preguntas acerca del lugar de la masculinidad en la gestación se relacionan también con otros tópicos: la ley no interviene directamente en los espacios privados de los vínculos, en los acuerdos/consensos/disensos propios de la vida de relación. Sin embargo, nos preguntamos: ¿qué tan simétricas son las relaciones? ¿qué rango de posibilidades de escucha disponen las mujeres en los mundos privados, en el ámbito de la pareja, de la familia?  ¿qué tan legitimadas son sus palabras? ¿cuáles son los reconocimientos y las prácticas que, en vínculos cercanos, demuestran que ellas tienen autonomía?    En sus historias de vida, ¿cuántas veces las mujeres han elegido libremente, cuántas veces han podido manifestarse con sus propias palabras?  ¿cuántas veces pueden decir qué…?

La mayor cantidad de embarazos no deseados se producen por violaciones intrafamiliares, o en menores de 20 años con déficit en educación sexual integral. En los 2 escenarios (y de no mediar leyes de amparo a las mujeres en el ejercicio de sus derechos de salud reproductiva), las voces que más se escuchan son las voces de los varones del entorno familiar. Dicho de otra manera: en situación de embarazo controversial, muy probablemente, serán las opiniones masculinas (habilitadas por el patriarcado) quienes dirán que hacer.

Es cierto, hay un redireccionamiento en quienes pueden tener derechos. Y favorece a las mujeres, ¿puede pensarse como un acto de inequidad, como una discriminación hacia la masculinidad?  Sí, hay un reposicionamiento en quienes pueden decir qué. Un giro de sentido que permanecerá, para muchos varones, (aunque no en todos) como áreas de malestar. Mientras tanto, contamos con fundamentos para la posibilidad de elaborar, contamos con nuevas masculinidades que ya incorporan lo      positivo e identifican los cambios como ampliación de derechos antes que como quita de privilegios.

El concepto de discriminación positiva, específicamente, nos puede ayudar a desandar aquello que, en primera instancia, podría considerarse como una situación de privilegio.

Coincido con AnaBernal-Triviño, cuando desarrolla que “No podemos llamar privilegio a algo que fomenta la igualdad de oportunidades porque no todo el mundo parte de la misma posición. Si tú aplicas una política, tienes que dar unaigualdad de condiciones. Siempre pongo el ejemplo de dos personas que no pueden ver qué ocurre tras un muro de un metro de altura. Si yo le doy a cada uno un banco de 30 cm para que se suban, puedo pensar que estoy siendo igualitaria, pero cometo el error de no contemplar de antemano una desigualdad de partida puesto que cada persona tiene una diferente altura. Si una mide 1,85 cm y otra,1,50 cm, para que las dos lleguen al mismo fin -que es ver por encima del muro- tendría que dar un banco más alto a la segunda persona, dar las mismas oportunidades y que las dos personas lleguen al mismo objetivo. Su punto de partida es desigual”.

Por otro lado, es pertinente analizar el discurso apocalíptico y amenazador de los sectores neoconservadores que se reactualizan en relación con las leyes de educación sexual integral y la IVE.  En las dos legislaciones, no es suficiente con registrar su definitiva negación de los derechos contenidos en ambas leyes, sino también, bucear en sus fundamentos.

 Los discursos y prácticas de organizaciones neoconservadoras nos desafían a pensar. CMHNTM (Con Mis Hijos No Te Metas), es una organización religiosa que trabaja activamente y con filiales en América Latina. Sus fundamentos, en un contexto de controversia, cuestionan: ¿quiénes pueden intervenir ?  ¿el Estado y/o la familia? y luego ¿cuáles son los fundamentos para intervenir? En la dialéctica de quienes podrán decir que, desconocen el derecho del Estado a desplegar la ESI en las escuelas y niegan o ignoran la Convención sobre los Derechos del Niño y en tanto CMHNTM, promueven una regresión al  paradigma de niñez sujeta a la tutela de los mayores y los derechos de la familia como la legítima educadora sexual ya que la  enseñanza en las escuelas implicaría la degradación de los valores morales.

Tiene sentido seguir pensando y preguntando. En estos tiempos, la legitimidad nos la ofrecen los estados desde políticas públicas y principios básicos vigentes y fortalecidos a partir de los derechos humanos, la ciencia, la perspectiva de género y, sobre todo, por un consenso social, plural, diverso y extenso que promueve, milita, y cuestiona.

Gracias por el material y los aportes proporcionados por el abogado Hernán Barreda y, sobre todo, por el espacio para participar

LILA LUNA

  • Jelin, Elizabeth (2011) “Los derechos como resultados de luchas históricas” Ed. Nueva TRilce
  • Butler, Judith (1990) “El género en disputa”. Barcelona. Ed Paidós
  • Aportes de Amnistía Internacional al debate sobre la despenalización del aborto https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/05/Aportes-de-Amnist%C3%ADa-Internacional-al-debate-sobre-la-despenalizaci%C3%B3n-del-aborto-ONLINE.pdf
  • Bernal Triviño, Ana (2019) “Hacia una comunicación feminista”. Barcelona. Ed. UOC

Por Lila Luna

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *