Sergio Avayú

Analizar la coyuntura a la par que los sucesos cobran entidad y aceleración constituye uno de los desafíos de la era actual. Si bien podría argumentarse que se trata de un obstáculo jamás antes superado, la multiplicidad de medios digitales y supuestas fuentes de información que provee el estado actual de la tecnología, incrementa nuestra incredulidad; al no ser, ni siquiera con el auxilio inestimable de Internet, capaces de conocer qué está pasando.

Lo antedicho es el prisma que se propone para tratar el tema en referencia: el golpe de estado que ha sufrido Evo Morales y su gobierno resultado del mandato popular, como así también sus consecuencias. Por fuera de este marco conceptual objetivo e irrebatible (la fractura del orden institucional vigente según mandato constitucional), sin embargo, es muy complejo (y hasta determinado punto, innecesario) elaborar una explicación de lo que está ocurriendo: los medios locales se agotan entre repetir consignas anti imperialistas que se han vaciado de contenido por simplistas, o bien se limitan a reducir el contexto a que “los bolivianos” habrían arribado a un estadio superior de necesidades institucionales o democráticas, por supuesto insatisfechas. El inconveniente de ambas perspectivas es que se arrogan (injustificadamente) un conocimiento cabal del presente; por ejemplo, la mera existencia del psicoanálisis, y los años de continua terapia, establece que, en la normalidad de los casos, ni siquiera es posible conocer con certeza la propia realidad. De ahí que sin duda resulte más rico analizar los focos de conflicto que cristaliza el golpe.

A diferencia de la inestabilidad económica, política o social que afecta al resto de los países de la región (dentro del amplio espectro que va desde Venezuela a Uruguay), Bolivia ha experimentado un progreso constante en todos los índices de bienestar social, sin que ello haya afectado o comprometido las variables financieras (crecimiento del PBI, ratio deuda externa, equilibrio presupuestario, valor de la moneda, etc.). Tampoco, durante los años de Evo, ha habido denuncias serias de corrupción o escándalos que hayan comprometido a miembros claves de la administración (como sí ha ocurrido con Bachelet en Chile, Correa en Ecuador, Lula y Dilma en Brasil, Cristina en Argentina e incluso en el Frente Amplio en Uruguay). Reivindicado por su éxito incluso en foros europeos, Evo parecía haber logrado la alquimia imposible de forma sustentable: la inclusión social alcanzaba aún a los sectores postergados de etnias por años discriminadas e incluso activamente perseguidas.

La barrera sin embargo que Evo no supo o no pudo franquear fue su propio éxito en tanto encarnación misma del proceso que lideró hasta ser depuesto. Este límite que, a grandes rasgos podría denominarse “personalista”, no es en modo alguno novedoso en la región (y hasta en el planeta), pero en el caso de Evo cobra un carácter aún más desesperante y trágico porque permitió retroalimentar en esencia, resistencias y ataques a su proceso modelo bajo el cómodo disfraz de la crítica al autoritarismo y la defensa de la república y/o división de poderes. Que Evo no pudiera encontrar una continuidad por fuera de su propia persona implicaba un espiral descendente: cada crítica o agravio incluía, velado o no, un resabio xenófobo o racista, pero tal contenido no bastaba para desacreditar por completo la debilidad encontrada al modelo, el que, como tantos otros de Latinoamérica, comenzaba a perder adhesiones y a encerrarse alrededor de su propio círculo duro.

La culminación de lo antedicho ocurre tras el fracaso del referéndum de año 2016, que debía habilitarlo a competir por una nueva reelección en los comicios de este año. Por fuera de las consideraciones relativas a los pocos puntos de diferencia, y a la influencia probablemente decisiva de la noticia falsa esparcida en torno al supuesto hijo oculto de Evo, tal momento debería haber bastado para intentar con margen suficiente de tiempo (había casi 3 años hasta las actuales elecciones) una candidatura distinta que exhibiera cierta alternancia. Por el contrario, la decisión de Evo fue recurrir al máximo tribunal constitucional de Bolivia, en busca de una sentencia que lo habilitara a competir por fuera de los límites constitucionales. El tribunal convalidó tal pretensión a través de un fallo que merecería un análisis pormenorizado en atención a su pésimo nivel[1]: basta acá decir que la narrativa jurídica, por motivos obvios, acude, en el mejor de los casos, en defensa de la realidad política, codificando o consagrando argumentos atendibles de esta. No existe solución jurídica que pueda paliar una ausencia abrumadora de legitimidad política; el resultado está a la vista: el fallo en lugar de pacificar, incrementó las suspicacias y minó la credibilidad de las reglas de juego.

Habida cuenta el desenlace calamitoso con que culmina el proceso electoral iniciado entonces, corresponde ponderar lo siguiente: ¿Por qué, a pesar de las sucesivas denuncias al respecto de la injerencia de intereses contra mayoritarios, foráneos o internos, pero de indudable raigambre conservadora, xenófoba o represiva, y al supuesto alcance omnipotente de los mismos, la respuesta de los gobiernos llamados populares de la región en general (deficientes, en su mayoría, como mínimo) y de Evo en particular (indudablemente exitoso, único en su especie) ha sido tan pobre, tan desprovista de rigor técnico y de sustentabilidad política?

El caso de Bolivia es tan paradigmático como alarmante: aún si se tuviera por exacta la auditoría de la OEA (organismo ambivalente y de sinuosa reputación), estaríamos frente a un líder que ha conservado no menos que el apoyo del 40 ó 45 por ciento de la población tras 14 años de gobierno, según los resultados de las recientes elecciones. ¿Cómo es posible, entonces, que el mejor exponente, el caso modelo, no haya podido renovarse en un lapso de 3 años y tras apenas dos semanas de tensión y decisiones (aceptémoslo) contradictorias y controvertidas se haya roto para siempre?


[1] De forma muy acotada, se resolvió que una lectura muy amplia de un artículo de un tratado internacional de derechos humanos torna inconstitucional el propio límite que establece la Constitución boliviana a las reelecciones consecutivas. A modo de ejemplo, Carlos Menem, tras 1995, desistió, ante la reacción social, de forzar una interpretación similar en Argentina ante la Corte Suprema local por el obvio vacío de legitimidad que su candidatura hubiera generado.