POR MARÍA FERREIRA Y LUIS TERMINIELLO

Salimos desde Buenos Aires el 13 de enero con la ilusión de llegar a México, sin imaginarnos que a mediados de marzo se iba a decretar el Aislamiento Social en la mayoría de países de Latinoamérica. A esas alturas, mi compañero y yo estábamos pisando suelo colombiano, habiendo atravesado por tierra Bolivia, Perú y Ecuador. Ambos militantes. Parte de nuestra motivación era sentir, poder comprender desde adentro la idiosincrasia de los pueblos de la Patria Grande. Como dijera el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica el año pasado, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, “son argentinos en primer término, pero son latinoamericanos y son hermanos de todos los pueblos pobres de América».

Colombia nos aloja desde que arrancó la Pandemia. En ella se puede observar lo que por abajo se rumorea, lo que es nacer y vivir en Colombia, las distintas luchas que desde varios sectores tienen un punto de unión. Respirar aires de libertad, poner fin a tantos años de guerras fratricidas y evitar que se derrame más sangre, de un pueblo que no quiere, ni se siente parte de tanta violencia cuyos beneficios quedan en muy pocas manos.

Colombia es tierra fértil, de oro negro (petróleo), amarillo (oro), blanco (cocaína) y verde (marihuana). Estados Unidos como principal consumidor del oro blanco, es asimismo el principal interventor de todas las políticas relacionadas con las drogas. Financista y encubridor de una de las guerras más largas y sangrientas de América Latina. Sirviéndose tanto del ejército colombiano como de la multiplicación de distintas organizaciones paramilitares, verdaderos ejércitos privados al servicio de los grandes narcos del país, encubriendo su verdadero propósito. Mantener la “máquina” de la guerra, a través de la lucha contra las organizaciones guerrilleras (ELN y disidencias de las FARC), y del control territorial con ayuda del Estado; cuando en realidad el resultado es el desplazamiento y asesinato de miles de campesinos que, o se «reeducan» en la producción de coca o pierden sus tierras, y con la mejor de las suertes conservan sus vidas.

A partir de la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía Nacional en Bogotá, se generó una ola de indignación a lo largo y ancho del país, que dio pasó a la noche del 9 de septiembre. Después de la publicación en redes del video en que queda expuesto el accionar de los agentes de la policía, en el que detienen a este taxista y estudiante de derecho, y lo mantienen durante más de dos minutos inmovilizado en el piso, aplicándole sucesivas descargas eléctricas con sus pistolas Taser, pese a los gritos desgarradores pidiendo que parasen.

En distintos puntos de las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, se desarrollaron espontánea y masivamente marchas y movilizaciones a los CAI (Centros de Atención Inmediata), dependencias de cercanía de la policía, muchas de las cuales se desbordaron. Caravanas de jóvenes, organizaciones sociales y políticas, trabajadoras y trabajadores, indignados e indignadas que rodearon esos centros pidiendo justicia y un cambio. Aunque ello no fue gratis, como siempre el pueblo terminó poniendo los muertos, resultado de una violenta represión ejecutada también por la policía.

Los días sucesivos, precisamente el 10, 11 y 12 se repitieron las escenas vistas durante la primera noche pero con más fuerza; con la policía persiguiendo, deteniendo y disparando contra cientos de manifestantes (jóvenes en su mayoría), dejando un total de 13 muertos, 10 de ellos en Bogotá y 3 en Soacha (municipio próximo a la capital). Javier Ordóñez de 45 años; Marcela Zúñiga de 36; Lorwuan Estiwen Mendoza de 30; Gabriel Estrada Espinosa de 28; Julián Mauricio González de 27; Germán Smith Puentes de 25; Cristian Hernández Yara de 24; Christian Hurtado de 24; Andrés Felipe Rodríguez de 23; Fredy Alexander Mahecha de 20; Angie Paola Baquero de 19; Julieth Ramírez de 18 y Jaider Fonseca de tan sólo 17 años.

Sin embargo, esta situación no fue un hecho aislado. Desde que Iván Duque comenzó su mandato el 7 de Agosto de 2018 y hasta julio de 2020, se registraron, según el Sistema de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, múltiples agresiones al derecho de protesta con:

2.354 detenciones arbitrarias; 779 personas heridas; 27 lesiones oculares y 55 muertos.

Hoy la Policía Nacional se encuentra en el centro del debate. ¿A quién responde? Es la pregunta que se impone a partir de los últimos hechos. Si bien es nacional, el mando inmediato de los efectivos destacados en la ciudad le corresponden a la alcaldía de Bogotá (quien diseña además las políticas en materia de seguridad) y la orden de frenar la represión hecha por la alcaldesa Claudia López, opositora al gobierno central, fue ignorada por la institución policial.

Los medios hegemónicos acusan a López de incapacidad para contener a la policía. Sin embargo, esta fuerza que depende del Ministerio de Defensa, con la misma formación militar que las Fuerzas Armadas y que los paramilitares, está basada en la doctrina de seguridad nacional, en la hipótesis de conflicto interno con un enemigo interior al que hay que aniquilar. Es una herramienta más al servicio de los poderes concentrados y de las grandes mafias, desde hace años apoderadas de la mayoría de las estructuras de Estado.

El presupuesto que el Gobierno Nacional destina para la Defensa, es decir Ejército, Policía y demás fuerzas públicas, es de aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales. Los delitos de los que son acusados los agentes de la Policía Nacional son resueltos por la propia Justicia Militar. Es decir, se forman, controlan y se juzgan a sí mismos como una entidad autónoma. Desde sus orígenes, la policía fue formada con la única hipótesis que rige para todas las fuerzas, la del conflicto interno.

Mientras en las grandes urbes se concentran los reclamos sociales como consecuencia de años de neoliberalismo, que suelen explotar y manifestarse solamente a partir de detonantes como el ocurrido con Javier Ordóñez, en las zonas rurales se está en guerra permanente. La sangre derramada no cesa. Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, son 7.816.500 millones las víctimas totales por desplazamientos forzados de sus tierras. El acuerdo de Paz firmado entre el Estado Nacional y las FARC en 2016 en la Habana, se convirtió en letra muerta debido a los sucesivos incumplimientos de parte del Estado desde que Duque, actual mandatario, asumió la presidencia de la Nación. Recordemos que Duque fue elegido a dedo por quien es sindicado como el verdadero dueño del país, Álvaro Uribe Vélez ex presidente de Colombia (2002-2010). Quien actualmente se encuentra con procesamientos por vínculos con el paramilitarismo y es el  máximo representante de la nueva oligarquía emergente de los últimos años, la de los dueños de la tierra manchada con sangre colombiana, sembrada toda de blanco.

En lo que va del 2020 se registra terrorismo de Estado puro. 53 masacres, 225 asesinatos de ex combatientes de las FARC, de líderes sociales y de defensores de los DDHH.

Si quisiéramos ensayar una respuesta a la pregunta de a quién responde la Policía Nacional, deberíamos decir que es una de las fuerzas de choque del poder concentrado en manos de Uribe, que pese a estar cumpliendo actualmente prisión domiciliaria, sigue manejando todos los resortes del país. El caso por el cual se lo acusa al ex presidente tuvo su origen en el 2012, cuando el senador Iván Cepeda del partido Polo Democrático Alternativo lo denunció como ideólogo e impulsor del desarrollo de las fuerzas paramilitares. Corriéndose públicamente un velo que expuso a gran parte del país al paramilitarismo, en forma de ejércitos irregulares usados para apropiarse de las tierras y del control del narcotráfico, en alianza con EEUU.

El hartazgo explotó en las calles de las principales ciudades en las últimas semanas y se focalizó en la necesidad de reforma de la Policía, manifestando también la necesidad de poner fin al uribismo y junto con él, al orden político, social y jurídico que, mientras siga vigente, seguirá derramando sangre inocente, matando campesinos en las zonas rurales y jóvenes en las ciudades, promoviendo el conflicto y la guerra interna, con el objetivo expandir los cultivos de coca para abastecer a la gran nariz llamada Estados Unidos de América.

Pese a la crisis sanitaria que dejó más de 750 mil casos positivos y de 20 mil muertes a raíz del coronavirus, esta gran olla social a presión sigue a punto de explotar. No hay pandemia ni cuarentena, estricta o no, que pueda apagar tanto fuego de reclamos, que pueda posponer la lucha que comenzó en noviembre del año pasado e hiciera un parate a raíz de la pandemia. Un pueblo que está pidiendo a gritos ser escuchado, una lucha por un país más justo llevada adelante por quienes pregonan una Patria Grande libre, justa y soberana.

Es momento de comprender y solidarizarse con el gran pueblo de Colombia. Para decirle basta al Neoliberalismo y, para ello, es necesario que Latinoamérica pueda aliarse desde abajo para engrosar todas las luchas colectivas y ponerle fin a tantos años de latrocinios.

2 comentarios en «Vamos caminando en Colombia. Se respira lucha…»

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